Multas de la inspección federal del trabajo: 16 demandas de nulidad listas para adaptar

Formatos completos en Word para el juicio contencioso administrativo ante el TFJA. Cada uno está construido sobre un vicio distinto de la resolución sancionadora y cierra con su propia nota estratégica. $249, descarga inmediata.

Para quién es. El patrón de una micro o pequeña empresa mexicana —taller, restaurante, constructora, guardería, gimnasio— al que la inspección federal del trabajo le dejó acta y después boleta de infracción, y con todavía más frecuencia el despacho, el contador o el consultor de seguridad e higiene que le lleva ese asunto. Son demandas completas que hay que adaptar al expediente —acreditar los hechos, computar el plazo y ofrecer las pruebas—, no un formato para llenar y presentar, ni asesoría jurídica.

La inspección llega, levanta el acta y se va. Meses después aparece la boleta: una multa expresada en múltiplos de la UMA, con una fórmula de motivación que se repite idéntica en todos los expedientes y un considerando que fija el monto sin explicar por qué no se aplicó el mínimo. Desde el día siguiente a la notificación corren treinta días hábiles para promover el juicio de nulidad; agotados, la resolución queda firme y sigue su camino hacia el cobro coactivo. En ese lapso, la mayor parte de los escritos se arma sobre un machote heredado, y los conceptos se pierden por razones que nada tienen que ver con el fondo del asunto: se pide nulidad lisa y llana donde procedía la nulidad para efectos, no se ofrece el expediente administrativo, no se reserva la ampliación de demanda, no se pide la suspensión de la ejecución, o se plantea la vía equivocada.

Qué contiene

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Por qué cuesta lo que cuesta

En esta materia la sanción se fija en múltiplos de la UMA y una sola inspección puede generar varias infracciones acumuladas en la misma boleta, de modo que los importes suelen medirse en decenas o cientos de miles de pesos, más el cobro coactivo si el asunto queda firme. Frente a eso, $249 es menos que una hora de despacho y menos que lo que cuesta copiar y certificar el expediente. Lo que se paga es el tiempo de redacción y el mapa de vicios que hay que revisar en la resolución; el escrito lo firma, lo adapta y lo sostiene quien conoce el asunto.

Qué se garantiza, y qué no

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